En una presentación en el Palacio Pereira, se entregaron los resultados preliminares del primer “Archivo de Extranjería, Memoria y Derechos Humanos 1973 – 1990”, iniciativa que se inscribe en la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado y en colaboración con el Plan Nacional de Búsqueda impulsado por el gobierno de Gabriel Boric.
Para el Servicio, la constitución de este Archivo busca aportar al derecho a la verdad y la memoria respecto de las prácticas institucionales realizadas por el Departamento de Extranjería y Migración (DEM) durante la dictadura en el país.
Luis Eduardo Thayer, Director Nacional del Servicio Nacional de Migraciones, destacó la importancia de este proyecto porque va a mostrar una realidad que no se conoce y le dará valor a lo que es hoy la institución. “Conocer el origen de nuestro Servicio y de lo que fuimos en dictadura, va a ser un aporte para la formación de la memoria institucional”.
De las 1.469 víctimas de desaparición forzada, 35 son extranjeras, de acuerdo a la investigación que centró su búsqueda en el Museo de la Memoria y el Archivo Nacional de Chile. Este proceso derivó en el hallazgo de 2.193 documentos relativos a prohibiciones de ingreso, revocación de permisos de residencia y expulsiones, junto con antecedentes personales y documentación administrativa vinculada de otras instituciones.
Por otra parte, las unidades documentales como cartas, pasaportes y actas, permitieron vincular la información de los afectados y la lógica burocrática que da cuenta del uso de la administración migratoria para fines de control y represión por motivos políticos.
El conversatorio contó con la participación de Patricia Huenuqueo, Coordinadora Técnico Normativa del Archivo Nacional de Chile; Eduardo Cardoza, representante del Movimiento de Acción Migrante (MAM) y de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Pro Migrantes y Azun Candina, historiadora y académica del Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Chile.
En la instancia se debatió sobre la importancia de esta indagación y visibilización de la persecución a extranjeros que residían en el país. Para Patricia Huenuqueo “es relevante este proceso porque había un vacío de información por parte del Estado y además poder visualizar que todo el aparato público funcionó con represión, amplía la magnitud de lo que fue la dictadura”.
“Es un desafío que plantea la sistematización de la información porque estaba invisibilizada la situación particular de los extranjeros y es una instancia para recalcar que la no repetición es fundamental y eso se hace con archivos”, comentó Eduardo Cardoza, quien también abordó la necesidad de continuar trabajando en la exposición de la verdad sobre las víctimas.
Las próximas acciones del proyecto son digitalizar la documentación restante, dar a conocer la documentación a personas y/o familiares y construir la plataforma digital pública, para poder acceder fácilmente a los testimonios recopilados.
