El martes 29 de octubre, la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputadas y Diputados finalizó la discusión particular del proyecto de ley que modifica la Ley 21.325 de Migración y Extranjería y otras normativas vinculadas al ámbito migratorio, tras casi cuatro meses de tramitación.
“Este conjunto de modificaciones son muy importantes, puesto que nos van a permitir como Estado tener una mejor gestión de nuestra frontera y poder garantizar los procesos de inclusión de manera más expedita”, señaló el Director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer.
Entre las medidas presentadas por el Gobierno y acogidas por la Comisión, se destaca una nueva norma que establece como causal de expulsión la violencia intrafamiliar y otros delitos graves, como el porte de armas, el homicidio calificado y la explotación sexual. También se endurecen las penas por tráfico ilícito de migrantes y se incorporan sanciones a quienes promuevan ingresos clandestinos al país y el transporte desde la frontera hacia el interior del país.
Asimismo, las modificaciones indican que el Estado protegerá los derechos humanos de las personas extranjeras en el país, asegurando la igualdad ante la ley y eliminando cualquier tipo de discriminación arbitraria. .
El proyecto también abarca el interés superior de niños, niñas y adolescentes (NNA) extranjeros, permitiendo que el Estado chileno solicite colaboración internacional para asistirlos en caso necesario.
El director Thayer se refirió también a las sanciones civiles que podrían revocar permisos de residencia a quienes atentan contra la convivencia armónica. “Creemos que es muy importante fomentar y promover la sana convivencia y la integración de las personas migrantes en nuestra sociedad. Por eso, se establecen sanciones migratorias a quienes cometan faltas reiteradas a la convivencia, como ruidos molestos, riñas, desórdenes o venta ambulante”, señaló.
Estas propuestas, impulsadas junto al Ministerio del Interior, han sido apoyadas por el subsecretario Luis Cordero, quien subrayó la necesidad de una reforma que respalde la nacionalización calificada, amplíe el periodo de residencia requerido para obtener la nacionalidad chilena y establezca una evaluación de conocimientos para quienes soliciten la carta de nacionalización, aplicando así nuevos criterios para evaluar sus casos.
A nombre del Ejecutivo, el director Thayer agradeció a las diputadas y diputados que participaron de la tramitación de este proyecto y al presidente de la comisión, el diputado Rubén Oyarzo, por la celeridad que brindó a la discusión, que se destacó por lograr amplios acuerdos, principalmente en materias de seguridad. “Avanzamos en base a acuerdos muy transversales en al menos el 80% de la discusión, lo cual nos pone muy contentos y esperanzados de que en esta materia migratoria vamos avanzando en tener una política de estado y no una política de disputas menores”, cerró. La Cámara de Diputados y Diputadas votará esta ley en un plazo de 90 días.
