La Policía de Investigaciones (PDI) y el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) reforzaron el trabajo interinstitucional con una fiscalización migratoria durante la Fiesta de la Virgen de Ayquina, en la región de Antofagasta. El despliegue se concentró en sectores comerciales y espacios con alta afluencia de público para verificar el cumplimiento de la Ley N.º 21.325.
Durante la jornada, detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de Calama trabajaron junto a funcionarios del SERMIG. Además, ambos equipos recorrieron distintos puntos de la festividad para desarrollar controles focalizados en actividades comerciales y de servicios.
Como resultado, las instituciones fiscalizaron a 60 personas, de las cuales 51 correspondieron a ciudadanos extranjeros y 9 a ciudadanos chilenos. Asimismo, el operativo permitió detectar dos infracciones a la Ley de Migración y Extranjería: una por el artículo 109 y otra por el artículo 32 N.º 3.
Entre las personas extranjeras controladas hubo 26 ciudadanos bolivianos, 14 peruanos, 8 ecuatorianos y 3 colombianos. La mayoría desarrollaba actividades vinculadas al comercio y la prestación de servicios durante la celebración religiosa.
Coordinación para fortalecer el control migratorio
El Director Regional (S) del Servicio Nacional de Migraciones en Antofagasta, Luis Aguilera, destacó el despliegue realizado durante la jornada.
“Como SERMIG valoramos estos operativos que desarrollamos en espacios de alta concurrencia de público, como la fiesta de Ayquina, porque nos permiten verificar el cumplimiento de la normativa migratoria vigente y fortalecer el trabajo coordinado entre las instituciones del Estado. Seguiremos desplegados en terreno, reafirmando nuestro compromiso con una migración ordenada, segura y regular”.
Por su parte, el jefe del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de Calama, subprefecto Patricio Santibáñez, afirmó que estos operativos reflejan la importancia del trabajo conjunto entre las instituciones. Además, explicó que los detectives realizan fiscalizaciones planificadas y focalizadas para comprobar que las personas extranjeras cuenten con permisos y residencias vigentes. Cuando detectan incumplimientos, presentan las denuncias correspondientes ante la autoridad administrativa y, al mismo tiempo, mantienen la búsqueda permanente de personas con órdenes de expulsión para ejecutar esas medidas conforme a la ley.
